Gracias a la firma de este protocolo y, tras el obligado parón sufrido en los meses más duros de la crisis sanitaria, se establece un marco estable de actuación a futuro, que garantiza el cumplimiento de las exigencias normativas en materia de depuración de aguas residuales urbanas, en los municipios de menor tamaño. De esta manera, se constituirá un grupo de trabajo, en cada provincia, con representantes de la Junta y la Diputación (en el caso de Segovia será el diputado de Acción Territorial, Basilio del Olmo y un técnico de Medio Ambiente del servicio de Asistencia a Municipios) que discriminarán en cada caso la problemática de los municipios que accederán a esta línea de ayudas. Una línea de ayudas que dejará en la provincia de Segovia una inversión superior a los 15 millones de euros cofinanciada en un 40% por la consejería de Fomento, otro 40% por la Diputación y el 20% restante por los ayuntamientos. En este sentido, la Junta de Castilla y León financiará el porcentaje de la institución provincial a diez años y el de los ayuntamientos a veinticinco años.

La comisión de trabajo elaborará un documento que analice la situación de la depuración en los municipios de la provincia de Segovia y, en función de este documento se confeccionará un programa de inversiones para la provincia de Segovia. Además, se llevará a cabo un análisis de las necesidades de depuración de los municipios con población inferior a 500 habitantes equivalentes, y se estudiará de manera conjunta la fórmula más adecuada para acometer su ejecución y explotación. 

Para Miguel Ángel de Vicente "el acto que ha tenido lugar esta mañana demuestra que, a pesar del retraso en la firma de este protocolo a causa de la pandemia, estos temas fundamentales para nuestros pueblos se van retomando y lo hacemos con intenciones económicas concretas". El presidente provincial ha insistido en que "esperamos poder recuperar el tiempo perdido y concretar lo antes posible las obras que se van a ejecutar según las necesidades reales de los municipios". Desde el comienzo de la legislatura y, tal y como ya expresaba en su discurso de investidura, "el ciclo hídrico es para este equipo de Gobierno una absoluta prioridad, al igual que también lo es la conectividad digital, por eso este protocolo abarcará las necesidades de los municipios de 500 a 2.000 habitantes y paralelamente se desarrollará una programación para planificar las necesidades para las localidades de menos de 500 habitantes y que pueda llevarse a cabo de manera paralela".

Por último, De Vicente ha incidido en que "la inversión en los pueblos de la provincia tiene que ser una prioridad máxima para poder ayudar a los ayuntamientos a mejorar la calidad de vida de su entorno y así atraer población con unos servicios básicos y públicos de calidad".